jueves, 16 de diciembre de 2010

Consejero presenta acción de amparo

Consejero presenta acción de amparo


            “A mí no me causa ningún placer tener acudir a los tribunales para pedir algo a la intendenta”, así lo manifestó el Consejero Regional Eduardo Araya Poblete que presentó en el 3º Tribunal Civil de Concepción, una Acción de Amparo para que se le informe sobre el equipo de funcionarios que se incluyó en el Presupuesto Operativo 2011, del Gobierno Regional presentados como “Equipo de Reconstrucción”, que en realidad corresponde a parte de los operadores políticos, conocidos como “territoriales”, detalle que según indicó fue pedido el 11 de agosto y el 13 de octubre a la Intendenta Regional en sesión de Consejo, sin que hasta ahora se entregue una respuesta.

            El Consejero Araya indicó que se ha visto obligado a iniciar este proceso y pedir que un juez de una orden para que se entregue la información, tal como se contempla en la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575 sobre Bases Generales de Administración del Estado, ello pues la intendenta se ha negado detallar el perfil técnico de las 12 personas que pretende incluir, lo que entre otras cosas significa un costo al Gobierno Regional de 154 millones 893 mil pesos, con sueldos que van entre los $555.555.- y el $ 1.400.000.-

            “Se trata de 12 operadores políticos que están enquistados en el Gobierno Regional, ello además de otros que se encuentran en diversos servicios públicos. Lo lamentable de esto es que se ha tenido que recurrir de manera inédita en la región y el país a esta acción, porque simplemente la Intendenta  no quiere entregar la información que es de carácter pública y que ha sido pedida formal y correctamente. No existe antecedente que algún intendente en el país no entregue información a los Consejeros Regionales, siendo la excepción justamente aquí en la región del Bio Bio”, concluyó Eduardo Araya.

            Recordó que según la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175, sobre Gobierno Regional, el intendente debe responder en un plazo de 20 días hábiles por escrito  lo solicitado por actos de fiscalización que realice el Consejo Regional en su conjunto y por las informaciones solicitadas por los Consejeros en forma individual.

Imagen diario El Sur